DISCRIMINACIÓN A PROFESIONALES CRUCEÑOS

Ing. Roger Montenegro Leite

Presidente Federación de Profesionales de Santa Cruz

En un país en el que la Constitución Política del Estado consagra las autonomías como una forma válida para gestionar los recursos naturales, económicos y humanos con los que cuenta cada Departamento en la búsqueda de alcanzar mejores condiciones de vida para sus habitantes, se producen discriminaciones como las que sufrimos los profesionales cruceños, tanto nacidos en esta tierra como los que llegaron hace tiempo para hacerla producir y progresar, de parte de un Estado cada vez más centralista y menos inteligente.

En espacios como el Poder Judicial, Aduana, Impuestos Nacionales y SEDUCA, entre otros, los cargos son ocupados a dedo con gente llegada directamente desde La Paz, sin tomar en cuenta que en Santa Cruz existen profesionales altamente calificados y con valores morales y éticos.

El resultado de esta política neocolonial está a la vista: funcionarios corruptos y sin compromiso con el entorno social que vienen a llenarse los bolsillos sin el menor escrúpulo y sin importarles el sufrimiento de cientos de familias que son víctimas de extorsiones y presiones de todo tipo. Con excepción de aquellos casos que llegan a la luz pública por alguna acción fortuita, el mayor castigo que reciben los delincuentes de cuello blanco es la destitución del cargo, quienes luego regresan a su lugar de origen a disfrutar el producto del botín, libres de la censura social a la que serían sometidos si sus raíces familiares y sociales hubieran penetrado nuestro suelo para quedarse.

En otras instituciones la situación es aún peor, tal es el caso del Banco Central de Bolivia en el que no trabaja ni un solo Economista cruceño.

La administración de un Estado busca el bien común y sobrepasa los intereses del partido político que circunstancialmente ejerce el poder desde el Gobierno. Es por ello que, como sociedad civil, planteamos la necesidad de que todos los cargos de la administración pública sean ocupados por concursos de méritos transparentes y con observadores imparciales. De esta forma, los Gobiernos Nacional, Departamentales y Municipales, así como las empresas estatales, dispondrán de ciudadanos adecuadamente calificados, con valores éticos y compromiso con la comunidad a la que todos nos debemos.

La política aplicada desde el año 2006 que limita la posibilidad de que un profesional con destacados antecedentes académicos y trayectoria excepcional pueda acceder a ingresos económicos mayores que el Presidente del Estado, no hace otra cosa que ahuyentar a dichos ciudadanos de las instituciones, universidades o empresas estatales, abriendo las puertas a personas cuya formación y experiencia dejan mucho que desear.

Por el bien del país, el Gobierno Nacional debe abrir este candado y entender que reconocer económicamente a los servidores públicos de acuerdo a sus capacidades no es crear privilegios sino, por el contrario, incentivarlos para que se esfuercen en pos de alcanzar niveles aceptables de gestión pública para beneficio de todo el pueblo.

Santa Cruz, 17 de abril de 2013